SUCESOS
LUNES 3 DE OCTUBRE DEL 2011
Tribunales de Apelaci—n entran en funcionamiento
En diciembre habr‡ un nuevo sistema para apelar sentencias
CIDH los exigi— como una segunda instancia de revisi—n
integral de los fallos
Sala Tercera queda ahora habilitada solo para resolver casos
excepcionales
Carlos Arguedas C. carguedasc@nacion.com
10:20 a.m. 02/10/2011
En dos meses, el pa’s estrenar‡ un nuevo sistema
para la apelaci—n de sentencias, el cual permite al ciudadano que una segunda
instancia revise el primer fallo.
Se trata de la entrada en
funcionamiento, a partir del 9 de diciembre pr—ximo, de los Tribunales de
Apelaci—n de Sentencia.
JosŽ Manuel Arroyo, presidente de la Sala Tercera
de la Corte Suprema de Justicia, calific— este hecho como el m‡s importante en
el sistema judicial penal de los œltimos tiempos.
Advirti— que as’ se cumple con la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en agosto del 2004, cuando
resolvi— el caso del periodista Mauricio Herrera y La Naci—n contra el
Estado, dispuso que el pa’s deber’a contar con una segunda instancia, ante la que
se pueda recurrir contra las sentencias.
ÒEse requisito aparece en el art’culo 8, inciso 2,
punto h de la Convenci—n Americana de Derechos Humanos, art’culo que el pa’s
debe acatarÓ, afirm— Arroyo.
Segœn datos estad’sticos del Poder Judicial, al
finalizar el 2010 los Tribunales de Casaci—n resolvieron 347 casos y quedaron
en tr‡mite 740. En tanto, la Sala Tercera fall— 1.470 asuntos y siguieron
pendientes 1.420 asuntos.
En tanto, jueces de varios tribunales, coincidieron
en que esta reforma vendr‡ a alargar la duraci—n del proceso penal y a saturar
despachos, con el consecuente costo para la administraci—n.
Duro camino. JosŽ
Manuel Arroyo dijo que, tras la condena por el caso de Mauricio Herrera, hubo
varios intentos por subsanar el problema, pero, en seis informes de
seguimiento, la CIDH objet— a Costa Rica porque no cumpl’a con lo dispuesto en
aquella sentencia.
ÒEn noviembre del 2010, la CIDH dio por cerrado el
caso Herrera pues dijo que el Estado hab’a reformado satisfactoriamente el
sistema con la creaci—n de los Tribunales de Apelaci—nÓ, precis— Arroyo.
Esos despachos eliminar‡n a los actuales Tribunales
de Casaci—n Penal. Funcionar‡n en cuatro lugares: Goicoechea (con tres
secciones y nueve jueces), San Ram—n, Cartago y Santa Cruz (que contar‡n con
dos secciones y seis jueces, cada uno). Adem‡s, se tendr‡ en Goicoechea un
Tribunal de Apelaciones de Penal Juvenil (con dos secciones y seis jueces).
En total ser‡n 33 jueces. Todos los fallos que
emitan ser‡n como tribunal colegiado (de tres miembros). Arroyo dijo que las
resoluciones, ya sean de Tribunales Unipersonales o de Tribunales Colegiados,
podr‡n ser impugnadas ante los Tribunales de Apelaciones.
En el caso de que el fallo no sea recurrido, luego
de un plazo de 15 d’as h‡biles adquiere firmeza. En estos casos no se podr‡
llevar el asunto a casaci—n.
Arroyo explic— que los Tribunales de Apelaciones
har‡n una revisi—n integral del fallo, incluida la legalidad del procedimiento,
y ordenar‡n los reenv’os respectivos.
Restringido. JosŽ
Manuel Arroyo dijo que, a partir de ahora, la Sala Tercera solamente recibir‡
asuntos excepcionales.
ÒLos fallos de la Sala estar‡n dirigidos a orientar
el sistema a travŽs de sentencias muy bien elaboradas y fundamentadas. Se
aceptar‡n asuntos en los que se objete una violaci—n al debido proceso y casos
donde existan asuntos contradictoriosÓ, precis—.
Segœn el presidente de la Sala III, el recurso de
casaci—n no ser‡ una tercera instancia, sino Òun recurso extraordinario, formal
y cerrado; la apelaci—n se garantiza con los nuevos tribunalesÓ.
Arroyo dijo que, con la entrada de esta nueva
legislaci—n, desaparece el recurso de revisi—n.
Explic— que se est‡ en una fase de transici—n, y
que aquellos asuntos presentados tanto ante la Sala como ante los Tribunales de
Casaci—n seguir‡n el tr‡mite normal.
Solo en los expedientes donde se aleg— que la
sentencia no puede ser recurrida ante una instancia superior, se les dar‡ la
posibilidad de readecuar el recurso hacia los Tribunales de Apelaci—n.
La auditor’a del Poder Judicial, en un informe del 4 de mayo pasado, se–al— que el cambio significar‡ un costo adicional de ¢70 millones en pago de alquiler y plazas nuevas.